Máximo Kirchner se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal

Máximo Kirchner presentó oficialmente esta mañana en los tribunales de Comodoro Py su solicitud para figurar como parte querellante en la investigación sobre el espionaje ilegal a jueces y fiscales.

La indagación acerca del contenido del dispositivo telefónico de Ariel Zanchetta, antiguo policía desempeñando funciones como espía no oficial, ha revelado que sus objetivos no se limitaron únicamente a los jueces, sino que también abarcaban a líderes políticos, sindicales y periodísticos.

La participación de Máximo Kirchner en este asunto sigue la pauta adoptada por otros miembros del Gobierno después del impacto inicial mediático causado por las conversaciones de Zanchetta con Néstor Fabián "Conu" Rodríguez, un funcionario de AFIP vinculado a La Cámpora, y las referencias a los mensajes con otro influyente en el kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, que fueron documentados en otro informe elaborado por la oficina de escuchas de la Corte Suprema y que también integra el expediente.

Rodolfo Tailhade, el titular del Ministerio del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, y el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, son solo algunos de los individuos que han solicitado figurar como querellantes en este proceso al enterarse de la presencia de "carpetas" de Zanchetta. Al ser consultado al respecto, Massa expresó con ironía: “Si alguno hace 6 años se dedica a espiarme se debe haber aburrido mucho porque soy fanático de la política, el fútbol y los asados con amigos, no mucho más que eso”.

En el espectro político opuesto, también han presentado la solicitud el legislador y aspirante a la presidencia por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo. Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias también ha expresado su interés en participar como querellante.

La opinión del fiscal señaló que, a partir del análisis parcial efectuado en los dispositivos de Zanchetta, se logró detectar que mantenía una lista de "objetivos": generaba informes de inteligencia con un nivel considerable de minuciosidad y profundidad acerca de la vida privada de los involucrados, lo cual excluye la posibilidad de considerarlo como una labor periodística, como intentó justificar el detenido.

Ahí aparecen datos sobre “opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”.

Todo se inserta en la megacausa iniciada para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas "truchas" de ministros de la Corte. En la primera de las causas se corroboró que el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el encargado de buscar, por encargo y mediante un pago previo, información sobre la identidad de jueces y funcionarios. Posteriormente, llevó a cabo maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus teléfonos móviles.

De este modo, penetraron en las comunicaciones de los magistrados de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como en las comunicaciones de los jueces del tribunal que emitió la condena contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, obteniendo acceso a sus correos y aplicaciones.

Se atribuye al hacker también haber accedido al teléfono móvil del diputado del PRO y precandidato a gobernador Diego Santilli, así como al de Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esta intrusión en el dispositivo de D'Alessandro, se derivaron una serie de presuntos mensajes que fueron utilizados para presentar denuncias contra jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que estas dos indagaciones no están incluidas en la megacausa.

La segunda fase de esa pesquisa se inició a fines de marzo pasado, cuando el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, presentó una denuncia indicando que habían activado cuatro líneas telefónicas a su nombre, y se enteró de ello de manera fortuita al recibir la factura de la empresa Personal, a la cual no estaba suscrito. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) solicitó los primeros informes, se descubrió que en realidad eran cinco suscripciones asignadas a Rosatti, las cuales se comunicaron con teléfonos registrados a nombre de 28 individuos.

Entre estas, dos correspondían a miembros del ámbito judicial: la magistrada federal de Posadas María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El magistrado dispuso la revisión para determinar si también se habían activado líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Como resultado de la pesquisa, se reveló que Zanchetta indagó sobre los datos del juez Mariano Borinsky el día en que la base Sudamericadata, actualmente bajo escrutinio, fue objeto de un ataque cibernético. Cuando profundizaron en la investigación, se descubrió que el ex policía había investigado a más de dos mil personas solo en el transcurso de 2022. Él se defiende argumentando que actuaba en calidad de periodista. Desde junio, se encuentra detenido.

fuente: ambito.com