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Los gobernadores patagónicos emitieron un comunicado contra el gobierno nacional en el que reclaman "respeto"

Mediante un comunicado los gobernadores patagónicos de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dejaron un mensaje para Milei: "No aceptamos patrones de estancia" "Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto", aseguraron los mandatarios

Voces Peronistas 24/02/2024 Red Noticias Nacionales Red Noticias Nacionales
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"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", indica el texto, que lleva las firmas de Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses", señala el comunicado.

Según denunciaron los mandatarios patagónicos, el Ministerio de Economía "retuvo ilegalmente $13.500 millones", que representan "más de un tercio" de la coparticipación mensual que le corresponde a Chubut. También reclamaron los recursos que le corresponden del Fondo Compensador de las tarifas del transporte público.

"Avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen", advirte el comunicado.

"Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", concluye el texto.

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