Desde Concordia denuncian que Milei vulneró el principio federalista por nombramiento de un foráneo en la represa de Salto Grande

Esta semana el gobierno nacional designó como delegado argentino de CTM a un oriundo de la Capital Federal, Alejandro Carlos Daneri, ex funcionario de los presidentes Carlos Saúl Menem y Mauricio Macri. Esta particularidad se da luego de años donde los delegados, los cargos políticos, recayeron en personas de la región. En el año 1991, por unanimidad, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia, en función del federalismo y la defensa de los intereses de la comunidad, votó por unanimidad una resolución exigiendo el cumplimiento de los objetivos originales para lo que fue creada la represa y la administración regional de la misma. Treinta años después, se inicia un período de retroceso ante la pasividad de las fuerzas vivas y todo el arco político local y regional.

Mediante el Decreto 156/2024 con fecha 19 de febrero del corriente, el presidente Javier Milei dejó establecido que un ex funcionario de Carlos Menem y Mauricio Macri, Alejandro Carlos Daneri, quede al frente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en lugar del concordiense Luis Benedetto.

La designación al frente de CTM de un hombre que no pertenece a la región no se daba desde los años noventa, cuando era el ingeniero Juan Leguiza, que venía de privatizar la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)

A comienzos de los 90, el país se encontraba sumido en un proceso de reforma radical del estado muy parecido al que intenta llevar a cabo el presidente Javier Milei con su “caputazo”, “decretazo” y “Ley Ómnibus” que, si bien fracasó en el primer intento, promete revancha tras una seguidilla de amenazas, aprietes y recortes de fondos a las provincias a modo castigo y disciplinamiento.

La receta económico neoliberal llevada a cabo por el presidente Carlos Menem y sus ministros, en particular el de Economía Domingo Felipe Cavallo y Roberto Dromi, también apuntaba a la desregulación de los mercados, la reducción de pensiones, el aumento de impuestos y servicios, la toma de deuda externa y el inicio de un profundo proceso de vaciamiento y venta de empresas del Estado.

El 17 de agosto de 1989 se sancionó la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de compañías estatales y proveedoras de servicios públicos y la fusión o disolución de diversos entes, como YPF, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y empresas de agua, luz y gas. Se vendieron y entregaron a concesión más de 60 empresas del Estado.

La lucha por la defensa de Salto Grande, que tendría el punto culminante con el plebiscito de 1995 que dijo No a la privatización de la misma, había comenzado tiempo antes, en 1991, cuando los concejales de Concordia, incluyendo todo el arco político, desde la Ucedé, pasando por el radicalismo, hasta el peronismo, votaron por unanimidad una resolución que exigía entre otras cosas que la administración de la empresa, su dirección política, estuviera comandada por delegados oriundos de la región.

Aquella resolución de 1991, leída por el exconcejal Víctor Rodríguez (PJ), y votada por unanimidad por todo el recinto, postulaba lo siguiente:

“Visto el anuncio de cambió de la integración de la Delegación Argentina de CTM Salto Grande que excluyó a representantes de la región y considerando que vulnera el principio federalista, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia resuelve:

Primero, la necesidad de defender los intereses de la comunidad, ya que Salto Grande es de la región, integrada por los departamentos de Concordia, Federación, San José de Feliciano, Federal, Colón y Villaguay. Segundo, exigir que se cumplan los objetivos originales de la represa de Salto Grande, que comienza por la generación de energía y continúa por el desarrollo regional, punto este que aún no ha dado comienzo. Tercero, que la toma de decisiones se haga desde nuestra realidad. Por eso se solicita que tres de los delegados sean personas comprometidas con la región y conocedores de nuestras necesidades. Cuarto, que no se modifique el testamento jurídico de Salto Grande. Quinto, que la administración y conducción política de la CTM de Salto Grande se radique en esta región. Y sexto, comunicar al señor Presidente de la República, al señor Canciller, a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, al señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y a la Legislatura Provincial”, planteaba la resolución de 1991.

Como se señaló, todo el arco político local avaló estas premisas y las votó por unanimidad. Para dar cuenta de ello se puede apelar a las exposiciones que hicieron los concejales Eduardo Aispuru (UCD), Abel Ormazabal (PJ) y Julio Kovalsky (UCR).

El concejal Aispuru argumentó que “Salto grande, para el centralismo porteño, unitario e indiferente a todo lo que no sea bregar por sus irritantes privilegios, es nada más que una represa hidroeléctrica, generadora de energía y puesta al servicio de un sistema insensible y abstracto que ignora o tiende a ignorar que detrás de todo emprendimiento, grande o pequeño, hay hombres y mujeres que sienten, seres humanos para los que la esencia de la vida no son las máquinas y sus resultados, sino precisamente la vida, la vida humana. No es mi propósito, señor presidente, defender ningún nombre propio en particular, pero sí luchar hasta el límite de mis modestas posibilidades para que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande haya hombres o mujeres de nuestra región”.

En la misma tesitura se expresó el concejal radical Julio Kovalsky cuando decía: “No debemos permitir ser postergados como representantes naturales frente al organismo, ni permitir maniobras solapadas para objetivos como la privatización.”

Y para cerrar el arco, en una contundente muestra de concordancia, el entonces concejal peronista, Abel “Tito” Ormazabal, esgrimía que “Mucho se habla del federalismo, pero poco se hace. Los de la provincia y los ciudadanos de ciudades del interior estamos cansados de que el país crezca solamente en un Buenos Aires, macrocefálico, mientras nuestros pueblos, nuestras provincias se van empobreciendo. Es firmeza, por lo tanto, hacer la integración del país, dar la energía, en este caso, a Concordia y la región, pero también al país porque la necesita, que los recursos económicos queden en la región porque los necesita y así vamos a integrar el país federal que sin duda lo soñamos todos.”

Corría 1991 y cuando se trataba de los intereses regionales relacionados a Salto Grande no había grieta alguna por más diferencias ideológicas y rencillas políticas que mantuvieran los protagonistas de entonces, responsables de llevar la voz del pueblo al recinto.

Hoy, poco más de 30 años después una sombra vuelve a avanzar sobre la represa de Salto Grande y los intereses de la región, con la incertidumbre de si esta vez la historia se repetirá como farsa o tragedia, ante la parsimonia y la mirada impávida de las fuerzas vivas, de los referentes políticos que guardan una curiosa prudencia y un cuerpo de ediles que -por ahora- se pierde en la chicana y la urgencia, distando estar a la altura para enfrentar los grandes desafíos.

El ex concejal y diputado provincial, Alberto Rotman, referente histórico de la UCR en Concordia y uno de los protagonistas de la defensa de Salto Grande ante la avanzada privatizadora del menemismo, mostró preocupación por la designación de un foráneo en la conducción política de Salto Grande y adelantó que buscará reunirse con los actuales concejales para plantear la situación.

Rotman señaló que le preocupa, en primer lugar, “el desconocimiento que este funcionario puede tener de la región. En segundo lugar, el fundamento por el cual se construyó Salto Grande. El fundamento es lo más importante que debemos exigir. Las represas en todo el mundo se construyen para impulsar el desarrollo de la región. La idea de desarrollo regional que teníamos asociada a Salto Grande venía porque tendríamos luz promocional para que se instalen empresas. Se construyó también para proporcionarnos riego y servicios de agua domiciliaria, y la navegación en el río Uruguay. Lo importante es que institucionalmente nosotros nos apoyemos, que exijamos que la Comisión Técnica Mixta cumpla con los preceptos. Tenemos que exigir que las instituciones estén comprometidas con el desarrollo de la región. No puede ser que Concordia tenga un 70% de pobreza”.