Repudio de la Iglesia al recorte del fondo para víctimas de trata

A través de un comunicado, la Iglesia católica expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

El Gobierno de Javier Milei dispuso el pasado martes el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, volviendo a exhibir su falta de empatía por los sectores más vulnerables de la sociedad. Por este hecho, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó en un comunicado su “más profunda preocupación” ante dicha decisión del Gobierno.

En esta línea, el equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, organismo dependiente de la CEA, detalló en el escrito: “Manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por la Ley 27.508 de 2019. Este mecanismo, eliminado bajo un Decreto presidencial, se trató efectivamente de una Ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, remarcaron que “el Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”.

El Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata que eliminó el Gobierno nacional estaba contemplado en general en la Ley 26.364, sancionada bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Este fondo, según alertó la ONG La Alameda en su comunicado de repudio a la medida, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata. Durante su vigencia, el fondo fiduciario asistió a 498 víctimas de trata de personas.

La Iglesia católica señaló que la medida del Gobierno libertario “representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas”.