Detrás las políticas económicas de Milei y del relato oficial, lo que crece es el hambre: “la justicia social es un virus” para Milei

La situación de los comedores, ollas y merenderos comunitarios de los barrios populares de la Argentina es crítica: a la vez que las listas de espera se engrosan, algunos no pueden funcionar todos los días porque el Estado nacional sigue poniendo trabas para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Bajo la idea de “terminar con los intermediarios” o de que “la justicia social es un virus”, como planteó hace unos días el presidente Javier Milei, lo que crece es el hambre.

Detrás del relato oficial de una macroeconomía que funciona, la realidad en la calle es otra: cada vez más familias no llegan a cubrir los gastos fijos ni pueden garantizar las cuatro comidas diarias. “Cuando no abrimos, muchos tienen que elegir qué comida hacer, si es que pueden. Es tristísimo”, se lamentó Kristina Cabrera Flores, del comedor San Cayetano, en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Tuvieron que reducir a dos los días de entrega de las 400 viandas que antes preparaban de lunes a viernes, porque el Ministerio de Capital Humano tarda en darles el alta del nuevo convenio, pese a “tener todas las rendiciones y auditorías aprobadas”.

Ana Gamarra, del comedor comunitario Guerreras, en el del barrio 1-11-14, del Bajo Flores –uno de los cuatro que tiene el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)–, también se angustia al hablar de la gente con hambre “en lista de espera”. Describió que “a uno de los espacios vienen muchos jubilados que nunca en su vida imaginaron acercarse, pero hoy tienen que elegir entre su medicina o alimentarse”. Por eso, por la falta de costumbre, “piden un platito de comida, a veces con vergüenza y llorando”.

Lejos de sentirse interpelados por la realidad, hace 18 meses que son permanentes los ataques del ministerio conducido por Sandra Pettovello contra quienes buscan atender la situación alimentaria en los barrios más postergados del país. De hecho, una de las primeras medidas que tomó La Libertad Avanza (LLA) fue cortar abruptamente todos los programas nacionales de asistencia a comedores y merenderos, en especial, a aquellos vinculados a algún tipo de organización social, con una discrecionalidad indisimulable. Y hace tres días, cerró el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM), que permitía que todos aquellos que necesitaban algún tipo de ayuda se inscribieran y, luego de ser evaluados, pudieran recibir partidas.

Fue en ese momento que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Fundeps y AJUS, presentaron un amparo colectivo, al que luego se sumaron el FOL, la Fundación Isla Maciel y La Poderosa. En total, la acción incluyó a 2.500 espacios afectados, para los cuales se pidió que se garantice el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente. Hasta ahora, todas las instancias judiciales fueron favorables, sin embargo, la cartera conducida por Pettovello, pilar anímico del presidente Milei, recurrió a múltiples respuestas dilatorias para eludir esa responsabilidad y demorar el cumplimiento de la medida cautelar firme.

De hecho, en abril, la Cámara Federal confirmó el incumplimiento del gobierno y la sentencia de primera instancia, luego de que el Estado Nacional apelara la sentencia de fondo. No conformes, ahora recurrieron a la Corte Suprema. “Desde que salió favorable la medida cautelar, empezamos todo un proceso para ejecutarla. La entrega de alimentos sigue siendo parcial y estamos peleando comedor por comedor, pero con muchísima resistencia”, explicó Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista y de la Clínica Jurídica del CELS.

Sin embargo, en su constante campaña de desprestigio, el Poder Ejecutivo libertario dio a conocer un documento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el cual, por ejemplo, sostuvieron que, de “los 54.613 espacios pre-inscriptos”, el 70% no estaban verificados presencialmente, un dato que consideraron “alarmante”. Lo que no explica la LLA es que –según la propia web oficial–, primero hay una pre-inscripción, luego viene una etapa de validación para verificar los datos con visita a los lugares y recién entonces llega la inscripción definitiva que habilita el acceso a algún programa. Es decir, que más que auditoría, están realizando la tarea que deberían haber continuado, y que ese número difundido no tiene nada que ver con quienes efectivamente venían recibiendo algún beneficio, tal como quieren instalar.

“El derecho a la alimentación es un derecho básico y la cuestión temporal es importante. La Corte debería darle cierta prevalencia en el tratamiento”, advirtió De la Vega. “En el ínterin –detalló–, lo que estamos haciendo es acercar información al expediente y llevar a cabo las acciones necesarias para hacer efectiva esta resolución judicial, porque está vigente”. Recordó que la Cámara reconoció que el Estado nacional no pudo justificar la falta de envío de alimentos y que confirmó la obligación del Ministerio de Capital Humano de garantizar la política alimentaria en los comedores, impulsar acciones concretas y, en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, rendir cuentas a través de la presentación de informes periódicos ante el Juzgado Federal interviniente.

Situación urgente: “Este gobierno ha decidido no entregar algo tan básico como alimentos, es lo más más cruel. Hacen oídos sordos en un contexto donde comer en Argentina se volvió un privilegio”, resumió Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, y advirtió que por falta de insumos “no pueden sostener los espacios abiertos todos los días”. En la sede central de Constitución, por ejemplo, “la olla no se puede hacer todos los días” y se cocinan 500 viandas tres veces por semana. Allí también ofrecen un espacio donde personas en situación de calle –que según el último censo popular ya suman 12 mil en la Ciudad de Buenos Aires– pueden cortarse el pelo o ducharse.

En el caso del comedor San Cayetano, parte de Fundación Isla Maciel, Kristina explicó que, hasta que vuelvan a recibir los fondos nacionales para las raciones, no pueden abrir la matrícula. “Hoy –relató– estamos haciendo todo lo posible para no dejar de cocinar, porque entendemos que la situación es sumamente compleja”. Por ejemplo, cuando consiguen pan o facturas del día anterior y lo publican en el grupo del barrio, enseguida se llena de gente.

Al ser un barrio integrado por personas más bien jóvenes, lo que notan Kristina y sus compañeras y compañeros es que los más complicados son quienes no tienen hijos en edad de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la tarjeta Alimentar. “La franja etaria que está teniendo más problemas es la que no calza dentro de ningún beneficio de asistencia social de los pocos que siguen vigentes”, explicó.

“Las dos escuelas primarias que están cerca de nuestro barrio tienen comedor. Entonces, ahí las familias se aseguran por lo menos el almuerzo de los chicos, y el resto ya se acostumbró a comer no más de una vez al día”, describió Kristina, quien además coordina el Centro Socioeducativo que la fundación tiene en la zona de Merlo, donde todos los días comen 40 chicos.

En su caso, en marzo finalizó el primer período de este programa de asistencia –que dura seis meses– y, desde entonces, están esperando la reactivación. “Hicimos la rendición, fue aprobada desde el primer momento. Recibimos tres auditorías en este tiempo y en todas nos felicitaron, especialmente por las condiciones de almacenamiento de los alimentos”, explicó Kristina. Sin embargo, no tienen novedades ni recursos.

En cuanto a las exigencias del nuevo esquema, advirtió: “No cualquiera puede sostener la propuesta del Ministerio. Hay que contar con herramientas informáticas, presupuesto para impresión, transporte de los alimentos, cumplir con compras específicas, y no pasarse ni con el azúcar ni con la sal según las raciones”. Detalló que antes de la firma del convenio hubo tres visitas y otras más mientras estaban en funcionamiento: “Nos auditaban mientras seguíamos dando de comer”.

Ana contó que el FOL tiene comedores en todo el país y en diferentes barrios porteños. Hasta hace poco, en Bajo Flores había seis, pero tuvieron que unirlos y achicarse a cuatro. “No teníamos para pagar el alquiler, que era cada vez más caro”, explicó. Entre todos, brindan aproximadamente 1.200 raciones de alimentos. En el espacio en que está ella, acuden unas 100 familias, que representan 350 cupos. Para pagar el lugar hacen actividades, rifas, bingos, venden empanadas. “En el comedor donde estoy, estamos pagando $850.000. Y con los servicios, llegamos al millón”, indicó. Las raciones son cubiertas con envíos de alimentos frescos y secos por parte del gobierno de la Ciudad. Lo que mandaba Capital Humano era para armar bolsones para las familias. Pero, como resumió Ana, “hoy en día no se está recibiendo ni un gramo de arroz”.

La cantidad de gente que se acerca hizo que tuvieran que establecer prioridades: mujeres solas con hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, primero. “Hubo incluso hubo un debate entre las compañeras de si quienes tenían un trabajo en blanco eran aceptados. Y sí, porque tenían que elegir entre pagar el alquiler, o sea, quedarse sin techo o comer”, relató Ana.

Carina Corvalán es parte de la Comisión Directiva de la Fundación El Pobre de Asís y coordinadora de la sede que está en Retiro, en el Barrio 31, que brinda merienda a 220 niñas y niños, y prepara casi 500 porciones de cena, de lunes a viernes, con cinco mujeres cocineras voluntarias. También dan capacitaciones para cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, y están dictando un taller para aprender a hacer comida saludable y económica.

“Viene mucha gente sola, mucha gente que no llega a fin de mes, gente en situación de calle y también personas que, al llevarse un plato de comida, pueden redistribuir la economía familiar”, describió Carina. Entonces, explicó, “lo que no gastan en comida, lo pueden usar en útiles, en comprar bombachas o medias, que son cosas que no hay en los roperitos solidarios”. También notaron que, en lugar de llevarse la vianda, “muchos adultos se quedan a comer en la vereda, y luego piden la ración para su casa, para que les quede completa para los chicos y que les rinda un poco más”.

Al comedor de El Pobre de Asís el gobierno no les cortó el envío de fondos por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 420 raciones, pero sí los dejaron un mes sin cobrar tras la última renovación con Capital Humano. “No pudimos cocinar por algunos días”, se lamentó Carina, quien aclaró que, desde que empezaron a funcionar, hace más de 20 años, todos los gobiernos los auditaron. Frente a la escasez, para poder hacer más porciones, también reciben donaciones y “mechan” con compras del Banco de Alimentos.

Destruir el tejido social: El abandono del Estado y el desmantelamiento de las políticas alimentarias vinieron de la mano con la criminalización de las organizaciones sociales. “Les llegan allanamientos, las compañeras son víctimas de estigmatización y falta de reconocimiento”, advirtió De la Vega desde el CELS.

Muchas de las cocineras cobran el programa Volver al Trabajo –antes, Potenciar Trabajo–, que hoy es de $78.000 y que permanece congelado desde hace más de un año. También existía un plus –el Nexo– para quienes cumplían funciones de cuidado en comedores y espacios comunitarios, que duplicaba ese ingreso y que fue eliminado.

“Nos quieren desaparecer. De 60 compañeras, quedamos la mitad. Y muchas hoy tienen tres trabajos”, sintetizó Ana. El trabajo es intenso y se sostiene a pulmón. “Además de faltar comida, faltan manos. Cocinar para tanta gente no es fácil. Y todo esto lo hacemos como horas comunitarias, no nos pagan”, agregó. Muchas cocineras tienen problemas de columna, están enfermas y carecen de cobertura de salud.

Dina, de la UTEP, insistió en que es tan urgente visibilizar la falta de alimentos como el vaciamiento de derechos laborales para quienes sostienen estos espacios. Medidas como la baja del monotributo social dejaron a un gran número de trabajadoras sin obra social ni posibilidad de jubilarse. “Habíamos avanzado mucho: discutíamos cómo fortalecer las ramas de trabajo, cómo mejorar nuestras condiciones. Hoy estamos de nuevo en la calle, reclamando alimentos”, señaló Dina.

En ese marco, La cocina de los cuidados señaló que, en 18 meses, la gestión libertaria desmanteló el 92% de las políticas públicas de cuidado: de 50, solo cuatro quedan vigentes. Con este ajuste, más de 2.800.000 personas dejaron de recibir al menos una política de cuidado que antes las alcanzaba.

Fruto de todo el ajuste mileista, más de 2.800.000 personas dejaron de recibir al menos una política de cuidado que antes las alcanzaba.
El mismo informe enumera los retrocesos concretos: 800.000 personas mayores ya no reciben medicamentos cubiertos por PAMI; en mayo de 2025, el 75% de los pedidos de pensiones por discapacidad fueron rechazados; y desde mayo de 2024, la Tarjeta Alimentar perdió el 43,26% de su poder de compra.

Si a esto se suma la paralización total de obras de integración socio-urbana, como cloacas, agua potable, luz segura y centros de salud y de primera infancia, el impacto negativo en la calidad de vida de quienes viven en los barrios más vulnerables es multidimensional.

“Cuando el Estado se corre, se impone un modelo individualista. Y el ataque a las organizaciones no hace más que romper el tejido social. Que cada familia se arregle sola”, alertó De la Vega. Lo único que sobrevive como política de cuidado, afirmó, son las transferencias directas como la AUH o la Asignación por Embarazo. “Pero, aún con el aumento, no alcanza”, sostuvo.

En ese escenario tan duro, Ana destacó el trabajo silencioso y cotidiano de las cuidadoras comunitarias: “Nosotras no solo cocinamos, también lidiamos todos los días con casos que nos ponen mal. Cuando pensás que ya viste lo peor, llega algo aún más duro”. Pero también hay algunos velos sociales, algunos prejuicios, que terminan por caer en la adversidad compartida. “Muchos de los jubilados que se acercaron nos pidieron perdón –contó Ana–. Nos decían que pensaban que éramos vagas, planeras, porque eso escuchaban en la tele. Pero ahora nos conocen”.

Fuente: Publicado en la edición impresa de revista Contraeditorial Nº 58, julio de 2025