De un total de 105 CAJ en todo el país el cierre abarca el 77%, de los espacios multidisciplinarios de atención legal y social gratuita donde no hay casi presencia del Estado
Sección Social18/06/2024
Noticias Peronistas
En el comunicado titulado “Se cierra otra caja de la política”, la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona sostuvo que los CAJs “costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”. Sin embargo, son lugares que abordan temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros, y que están en contacto con poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. “En el interior de las provincias, muchas veces no hay ninguna otra presencia del Estado. Nosotros hemos realizado operativos itinerantes en pueblos a los que nunca había llegado algún tipo de organismo del Estado nacional”, explicó Sergio Job, abogado y coordinador Región Centro a elDiarioAR.
Las trabajadoras y los trabajadores indicaron que de las 108 oficinas que había en el país, solo 10 pagan alquiler, el resto están insertas en instituciones de la sociedad civil o en espacios conveniados con municipalidades o provincias. Además, se trata de precios de inmuebles que no son caros porque están en zonas poco requeridas por el mercado inmobiliario. Además, Job advirtió que con esta decisión se recarga el sistema judicial porque varias demandas de primera instancia eran receptadas por los CAJs. “Nosotros hacíamos muchas mediaciones comunitarias, lo cual permitía no sobrecargar o sobre judicializar las situaciones sociales que se viven cotidianamente en cada uno de los barrios. Es una política baratísima y el impacto social que tiene como contracara, es muy grande y es muy positivo. Incluso desde el punto de vista de la eficiencia es absurdo el argumento. Acá se está invirtiendo muy poco para la cantidad de soluciones que trae”, agregó Job.
Estos centros resuelven no solo cuestiones judiciales sino también de seguridad social, acceso a la salud o situaciones de violencia de género, entre otras temáticas específicas de cada región del país. “Garantizamos que nadie se quede afuera del sistema”, dijo Jennifer Carrera, Coordinadora Regional de la Patagonia. Abordan situaciones relacionadas, por ejemplo, al derecho laboral, intervienen con municipios para casos de personas que necesitan ayuda económica, articulan con ANSES, PAMI o intermediate en conflictos con turnos o de tratamientos que las obras sociales no quieren cubrir.
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