URGENTE: el Gobierno de Milei formalizó la Ley de "la criminalización de la protesta laboral"

La medida, que entró en vigencia hoy, permite denunciar hasta por Whatsapp y establece que las fuerzas policiales y federales serán las encargadas de probar la acusación que se remitirá a la Justicia Penal y al Ministerio Público Fiscal. Además, la Secretaría de Trabajo que lidera Julio Cordera y las empresas podrán penalizar a quienes participen en las protestas con un despido por justa causa, negándole derecho a indemnización.

A través de una resolución del Ministerio de Seguridad que lleva la firma de Patricia Bullrich fue publicada en el Boletín Oficial, se habilita a convocar a la policía y a fuerzas federales para que actúen contra las protestas de trabajadores que los empleadores identifiquen como bloqueos.

La Resolución 901/2024 menciona que "si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a huelga, el artículo 14 de esa misma ley consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad". Sin embargo, considera las protestas de trabajadores por despidos, maltrato laboral o reclamos salariales como una "turbación ilegítima".

Según establece la Resolución, el primer accionar represivo estará a cargo de la policía del lugar, pero en caso de que las autoridades del distrito donde se desarrollan los hechos solicitaren ayuda de las fuerzas policiales y de seguridad federales, la máxima autoridad de esta jurisdicción evaluará la necesidad, la posibilidad y la oportunidad de brindar el auxilio solicitado y dispondrá el despliegue correspondiente.

A su vez, indica que el ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich “comunicará de manera inmediata la información que recibiere a la Secretaría de Trabajo y a las personas físicas o jurídicas afectadas, a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones”. Es decir, los empresarios podrán despedir por “justa causa” a las personas que señalarán como participes de la acción.

Además, les ceden mayor poder a las fuerzas policiales federales ya que será las encargadas de recabar todas las pruebas “sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior”.

Esta medida ha generado preocupación entre los sectores laborales y de derechos humanos, que consideran que es un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y una restricción a la libertad de expresión y protesta.

Cabe recordar que el pasado 6 de septiembre, en un clima de altísima conflictividad social, la ministra de Seguridad de la Nación, el gobierno de Javier Milei creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva con el objetivo específico de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”. La medida que, lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, apunta a impedir protestas sindicales y fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 893/2024.