Mauro Morelli, titular de la Comisión de Protección de los Derechos de los riogalleguenses: ”Prometieron dolarizar tus salarios, pero hasta ahora solo dolarizaron las tarifas”

En su discurso, el Dr. Morelli fue enfático: “No hay más plata, señor presidente Javier Milei, para pagar las ganancias de las grandes empresas que comercializan el gas. Desde 2023 hasta la fecha, acumulan ganancias que superan ampliamente el 3.000% y en dólares”. Estas palabras resuenan en un contexto donde los hogares santacruceños ven cada vez más comprometidos sus ingresos debido a las tarifas dolarizadas que contrastan fuertemente con la falta de actualización de los salarios.

El eje de la discusión fueron los desmesurados aumentos en las boletas de gas que los vecinos y vecinas han recibido en la última semana, con incrementos que alcanzan el 1400%. En algunos casos, las boletas han llegado duplicadas, con montos diferentes, y en un intervalo de pocos días, lo que ha generado desconcierto y malestar generalizado en la comunidad.

Las denuncias y reclamos sobre las boletas no se limitan solo a los desorbitantes aumentos, sino también a irregularidades en la facturación, como la recepción de facturas duplicadas y montos variables en un corto período de tiempo. Estos hechos han llevado a una creciente movilización de los vecinos, quienes exigen una respuesta urgente del Gobierno Nacional y de las empresas locales Camuzzi y Distrigas; y la inmediata implementación de un subsidio provincial que alivie la situación económica de miles de familias afectadas.

La Comisión de Protección de los Derechos de los Riogalleguenses, presidida por el Dr. Morelli, ha convocado a nuevas asambleas y está promoviendo la firma de un petitorio para exigir que el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales tomen medidas concretas para frenar estos aumentos que, según Morelli, "no solo son injustos, sino que están llevando a las familias, a los comercios y a las organizaciones civiles al borde de la desesperación".

Mientras tanto, la comunidad se organiza y levanta la voz ante lo que consideran un abuso desmedido que beneficia exclusivamente a las grandes empresas del sector energético, mientras los vecinos deben hacer frente a facturas impagables. La incertidumbre crece, y con ella, la necesidad de una respuesta política y social contundente.