Tras el escándalo con una publicación de Javier Milei que recomendó una criptomoneda piden el juicio político en Diputados

Por el compañero Ing. Sergio Zelaya, Secretario de Relaciones Internacionales de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas Tucumán

Tras el escándalo con una publicación de Javier Milei que recomendó una criptomoneda que resultó una estafa masiva a nivel internacional, el bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación avanzó este sábado en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el presidente de la Nación.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, indicaron en la cuenta de X del bloque que preside Germán Martínez.

Más temprano, la idea había sido alentada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseguró: «Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito», enfatizó Kicillof en su cuenta de X.

También, el diputado socialista Esteban Paulón anunció que impulsará el lunes el juicio político al jefe de Estado. Dada esta situación, el legislador señaló que impulsarán también un proyecto de citación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para preguntarle qué relación tiene el presidente con el proyecto «Viva La Libertad Carajo» de la empresa privada KIP Protocol que promocionó desde su cuenta oficial, en qué contexto realizó el posteo, si la entidad está inscripta en Argentina y si está regulada por la Comisión Nacional de Valores.

El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está a cargo del Congreso y solo puede alcanzar al presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El artículo 60 de la Constitución establece que “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. Si existiera alguna, la responsabilidad penal de los acusados queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Los pasos a seguir

El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político.

Si se lo considera admisible, la Comisión pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación, hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio político o se desestime.

Para que la Cámara baja se transforme en acusadora, hacen falta los dos tercios de los votos. Alcanzado ese número (algo que exige un importante consenso político) la Cámara elige a uno o dos diputados que serán los encargados de presentar la acusación ante la Cámara alta, el Senado, que se constituye en la encargada de resolver el caso. Para alcanzar la destitución hacen falta los votos de por lo menos los dos tercios de los senadores presentes.

De avanzar con un proceso hacia la destitución del presidente, sería un hecho novedoso en los acontecimientos recientes de la historia parlamentaria. Hasta el momento, los antecedentes de juicio político en el Congreso son sobre jueces de la Corte.

En 2005, el Senado destituyó al juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por tiempo indeterminado por los seis cargos que la acusación de la Cámara de Diputados le había formulado en el “caso Meller”. Boggiano era el último juez de la llamada «mayoría automática» de la Corte afín al gobierno de Carlos Menem.

Eduardo Moliné O’Connor fue vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia durante el menemismo. En 2003 fue destituido por ser hallado culpable por el Senado de dos de los nueve cargos que le había imputado Diputados. Los últimos procesos políticos contra jueces supremos habían tenido lugar en 1947, cuando Juan Domingo Perón promovió la destitución de cuatro magistrados.