Los motivos que presentan desde la Casa Blanca para qué Cristina Kirchner y sus hijos no puedan viajar a Estados Unidos

Según señala el informe oficial norteamericano es debido a "participación en corrupción significativa".

La medida, oficializada a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco A. Rubio, también alcanza a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, así como al exministro de Planificación, Julio De Vido.

Según el documento difundido por la administración estadounidense, tanto la expresidenta como De Vido abusaron de sus cargos públicos para orquestar y beneficiarse económicamente de esquemas de soborno vinculados a contratos de obras públicas.

El texto indica que estas maniobras derivaron en el desvío de millones de dólares del Estado argentino y que la sanción responde a la política de Washington de combatir la corrupción global, especialmente cuando involucra a altos funcionarios gubernamentales.

Cristina Kirchner sostuvo públicamente que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de "lawfare" para desprestigiar a dirigentes populares y condicionarlos políticamente, lo que ahora además se extiende a Estados Unidos, recordando que Trump apostó 45 mil millones de dólares para la reelección de Macri y perdió su apuesta.

Las restricciones impuestas a la exmandataria argentina y su círculo cercano se enmarcan en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado. Esta normativa permite a EE.UU. denegar la entrada a funcionarios extranjeros cuando existan pruebas creíbles de corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos.

"Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal", señaló la administración de Donald Trump en su pronunciamiento oficial.

Además, el Departamento de Estado enfatizó que la medida ratifica el compromiso de Washington en la lucha contra la corrupción a nivel global, independientemente del cargo o influencia política de los involucrados.

La decisión del gobierno estadounidense se produce en un contexto judicial complejo para la exmandataria, ya que en Argentina enfrenta múltiples causas por corrupción.

Uno de los antecedentes más relevantes es la denominada causa Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública a empresas del empresario Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

En diciembre de 2022, la Justicia argentina condenó a la expresidenta a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, convirtiéndola en la primera exjefa de Estado condenada penalmente en el país.

Causa Vialidad: apelación y pedido de aumento de pena
A pesar de la sentencia, Cristina Kirchner no fue detenida, ya que el fallo aún no está firme. En febrero de este año, su defensa presentó un recurso ante la Justicia para intentar revocar la condena.

Por su parte, la Fiscalía argentina pidió elevar la pena a 12 años de prisión, insistiendo en la acusación de asociación ilícita, un cargo que la expresidenta ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Cristina Kirchner y el impacto político de la dura sanción de Estados Unidos
La sanción impuesta por EE.UU. genera un nuevo impacto en la escena política argentina, donde el kirchnerismo denunció en varias oportunidades la existencia de una persecución judicial en su contra.

En tanto, sectores opositores respaldaron la decisión de Washington y consideran que la medida confirma las acusaciones de corrupción que la Justicia argentina investigó.

Mientras la exmandataria enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una sentencia definitiva, la sanción de EE.UU. añade una nueva dimensión a su situación legal.