La tregua entre el Gobierno y la CGT: reuniones secretas

Los que no visitarán la Casa Rosada, hasta ahora, son los aeronáuticos Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), a quienes los libertarios quieren empujar a la rendición incondicional para usarlos como ejemplo ante el resto de los sindicalistas que desafían las políticas oficiales.

La más clara señal de lo que busca el Gobierno, asociado con la CGT, es que se acaba de confirmar que a la delegación que irá a Balcarce 50 se sumaron Roberto Fernández, el líder de la UTA, que dispuso un paro de colectivos para el lunes por motivos salariales y es uno de los promotores de la huelga del 17 de octubre, y Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios, en plena batalla por mejoras salariales y en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. También se sumará el líder de UDA, Sergio Romero, el referente cegetista de los sindicatos docentes, que se pinta la cara por los magros sueldos del sector, pero sigue apostando a abrir canales de diálogo.

Hubo gestos de buena voluntad del lado de la CGT. Gerardo Martínez, por ejemplo, operó en las sombras como mediador hace dos semanas entre el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y los dirigentes aeronáuticos Biró y Brey para intentar pacificar el conflicto de Aerolíneas, aunque la gestión se frustró ante la intransigencia sindical. Un curtido gremialista criticó en privado: “Cuando vas a un paro, tenés que tener en claro cómo salir”. Pilotos y aeronavegantes demoraron las protestas porque las bases pedían no ir a la huelga. Hoy, nadie sabe cómo podrán salir de esa encerrona en la que repitieron paros que los alejaron de la sociedad y le dio razones al Gobierno para endurecerse.

El Gobierno también tomó nota de que ninguno de los dialoguistas estuvo el miércoles pasado en la sede de la CGT cuando Pablo Moyano y los gremios universitarios ratificaron el paro docente de este jueves y la marcha del 2 de octubre. Fue una forma de tomar distancia de los impulsores de una protesta que pega fuerte en el mileísmo y que amenaza en convertirse en otro dolor de cabeza.

Habrá que prestar atención en las próximas horas a los movimientos y declaraciones de los Moyano. En julio pasado, Pablo amenazó al gobierno porteño a llenar de basura la ciudad de Buenos Aires si no accedía a pagarles una indemnización a 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros por el vencimiento de los contratos de recolección de residuos de CABA, este martes 1° de octubre. Están en juego unos 200 millones de dólares, la cifra a la que ascendería el resarcimiento que exige el sindicato y que la administración de Jorge Macri rechaza porque esos contratos se prorrogaron hasta 2028.

Detrás de ese reclamo sindical sigue estando la aplicación de la polémica “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Esa “ley” no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano.