La Justicia dispuso que Cristina Kirchner use tobillera electrónica

Justamente estos casos prenden la alarma de las dudas ya que la opinión de profesionales por fuera de la causa han comentado que en los casos de expresidentes con guardias policiales no le ven motivo a la supervisión GPS de la prisión domiciliaria.

La instalación y supervisión de la tobillera de Cristina Kirchner estará a cargo del Servicio Penitenciario Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El procedimiento incluye la elaboración de informes técnicos y socioambientales y un monitoreo permanente a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que estan bajo la cartera que lidera Patricia Bullrich, desde donde se notifican a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

¡Se despiertan muchas dudas!

En Estados Unidos hubo varias denuncias sobre los grilletes que utilizan los detenidos que lo portan como requisito para su detención domiciliaria. Estos grilletes estaban equipados con una especie de teléfono celular que podía espiar las conversaciones de quienes los llevan puestos.

En ese caso en Estados Unidos el abogado del convicto radicó una moción en el Tribunal Superior para que se le removiera el aparato de su cliente.

En su moción al Tribunal, el Dr. Arraiza Navas señaló que los operadores del sistema le informaron que el grillete era susceptible a “activarse unilateralmente” desde el centro de mando y que “se podían escuchar las conversaciones” de quienes los portaban.

“Esta situación plantea un problema no solamente de violación al derecho a la intimidad más allá del derecho que tenga el Estado de supervisar a una persona imputada de un delito”, argumentó Arraiza Navas en su moción. “El problema y violación constitucional se extiende al violentar el derecho que tiene todo imputado de delito a reunirse con su abogado y a mantener la confidencialidad de las conversaciones legítimas que sostenga con éstos en preparación para los procedimientos judiciales”.

La moción menciona que los mecanismos de interceptación telefónica utilizados por la OSAJ se hacen “sin advertencia al usuario del brazalete” y que “son totalmente inconstitucionales e ilegales”.

En aquel caso la corte cuando se le pidió que elaborara sobre la investigación, respondieron que la alegación era "falsa" y era “un comentario más de los que hacen los abogados de defensa” en su litigación de un caso.

Y mas adelante cuando estos grilletes fueron investigados y se descubrió que sí tenian sistema para escuchas, el tribunal volvió a responder: “Los que estamos aquí no fuimos los que contratamos a esa compañía y no sabemos si lo hacen a nivel federal o es de la compañía privada que los suministra”, dando lugar a suponer que fue una compañía privada la que pudiera haber estado violando el derecho constitucional a la privacidad.