“Crueldad institucional”: legisladores acusan a Milei por suspender leyes del Garrahan y las universidades

La decisión del Poder Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, replicando el mecanismo ya utilizado con la Emergencia en Discapacidad, desató una ola de críticas políticas y sociales.

Desde distintos bloques del Congreso salieron al cruce del decreto y calificaron la maniobra como un acto de “crueldad institucional” y “violación constitucional”. Los legisladores coincidieron en que el Gobierno busca eludir la aplicación de leyes sancionadas por amplia mayoría, vulnerando la división de poderes.

El centro de las críticas estuvo puesto en el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello —encargada de las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social—, y el titular de la cartera de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Lugones.

Los referentes de varios partidos políticos adelantaron que impulsarán acciones judiciales por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, una figura que, remarcan, “no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia”.

El Ejecutivo promulgó las leyes pero las dejó en pausa, luego lo justificó con un argumento técnico: dice que no puede aplicarlas hasta que el Congreso determine de dónde saldrán los fondos. En los considerandos, la Casa Rosada menciona la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y sostiene que las normas son “incompatibles con el actual esquema presupuestario”. En la práctica, eso significa que las leyes entraron en vigor formalmente, pero no se ejecutarán ni recibirán recursos hasta nuevo aviso.

El diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto acusó al Gobierno de tener una “crueldad increíble” y de “violar la Constitución Nacional”.

“Promulgaron las leyes pero suspenden su ejecución. No pueden condicionar la vigencia de una ley”, señaló. “Francos puede reasignar partidas, lo autoriza la Constitución. Están incumpliendo la división de poderes”.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón anunció una ampliación de la denuncia judicial por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Desde el mismo espacio, Itai Hagman cuestionó en redes: “Cada vez más monarca que presidente. Los mismos que le regalaron 1.500 millones de dólares a las cerealeras ahora dicen que no hay plata para el Garrahan ni las universidades".

Por su parte, el radical Martín Lousteau sostuvo que “el Gobierno sigue negándose a aplicar las leyes que sanciona el Congreso. Hay plata VIP: para bajar impuestos, reimprimir boletas sin Espert y financiar viajes a Miami. Pero no para jubilados, hospitales ni universidades".

Mientras que la diputada nacional cordobesa Natalia de la Sota advirtió que “Milei vuelve a burlarse de las leyes aprobadas y ratifica su extrema insensibilidad”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue más allá: “Promulgar de manera condicionada es una forma de extorsión institucional. Es crueldad, pero también un acto de desobediencia sin precedentes.”

Médicos del Hospital Garrahan y docentes universitarios denunciaron que la medida “maquilla el ajuste” en la antesala de las elecciones legislativas. Aseguran que el Ejecutivo busca mostrarse cumplidor sin asignar los recursos que harían efectivas las leyes.

En ambos casos, la suspensión afecta a sectores que ya advertían una situación crítica: el sistema pediátrico público y las universidades nacionales, que reclaman refuerzos presupuestarios urgentes para evitar recortes en programas, becas y salarios.

El malestar también se extendió al sector de la discapacidad, donde instituciones, trabajadores y familias denuncian que la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hace varios meses, sigue sin aplicarse ni recibir fondos. En un comunicado conjunto, centros terapéuticos y escuelas especiales de todo el país alertaron que la situación ya afecta la atención y la continuidad de los tratamientos, y convocaron a movilizarse para exigir la inmediata implementación de la norma.

“No nos queda más tiempo”
“La ley de 1997 que garantiza atención justa y digna a las personas con discapacidad se logró con lucha y compromiso. Hoy, nos toca actuar de nuevo. Exijan la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad ya”, señala el comunicado firmado por más de veinte instituciones del sector, entre ellas Escuela Soles, PELDAÑOS, Empatía CET, Instituto San Carlos, Ser Especial y el Centro de Día Medjugorje.

A la declaración adhirieron también entidades educativas y terapéuticas de todo el país, como Nueva Escuela Lomas, Redondel Educación Especial, Centro Integral Casa Nueva, Instituto Jhaiti, INDAD, Nuevos Horizontes, IIWEN, CONVIVIR, Instituto Elim, Escuela Puentes, Escuela CEPP, Escuela EPEN y Dame Tu Mano, entre otras.

Las organizaciones anunciaron además un cese involuntario de actividades para los días 21 y 22 de octubre, y este martes realizaron una movilización desde Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, en reclamo de la plena implementación de la ley y del pago de prestaciones adeudadas. La jornada reunió a familias, trabajadores y referentes de instituciones de todo el país, que advirtieron que la falta de fondos “pone en riesgo la atención diaria de miles de personas con discapacidad”.

“El momento de defender a nuestro sector es este”, remarcan las organizaciones, que denuncian la falta de pagos y la parálisis de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

La seguidilla —Discapacidad, Universidades, Garrahan— revela un patrón de decisiones que eluden la aplicación efectiva de leyes votadas por el Congreso. En plena campaña legislativa, el Gobierno insiste en mostrar coherencia fiscal mientras crecen las tensiones con los sectores más vulnerables y con el propio Parlamento.