Las mujeres de la Economía Popular se organizan para la resistencia en los barrios y lucha en las calles

Johanna Duarte es una de las tres mujeres que integran la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Chaqueña, nació en Los Frentones, una localidad del interior de la provincia con fuertes contrastes sociales: durante el siglo pasado la región fue productora de maderas para la exportación con trabajadores en condiciones de semi esclavitud-,  y a principios de este llegó la soja para reemplazarla. Nieta de una abuela evitista “de las que tenían cuadros de Evita por todos lados”, hija de una docente y un policía, “las dos únicas posibilidades de trabajo estable en el Chaco”, vivió su adolescencia en los años del kirchnerismo y comenzó a interesarse en la política cuando, ya cursando la carrera de Derecho y mudada a la capital provincial de Resistencia, irrumpió el conflicto por la 125: el camino que hacía a la facultad de Corrientes se había llenado de cortes de rutas. Le llevó dos años más encontrar un espacio propio donde militar, en un barrio popular de la capital chaqueña y como parte del Movimiento Evita. Entre 2019 y 2023 fue funcionaria de Jorge Capitanich. Hoy se reparte entre Resistencia y Buenos Aires. 

—¿Qué está pasando con las mujeres de las organizaciones sociales en el gobierno de Milei?

—Las mujeres son mayoría en los movimientos y también dentro de la economía popular: los datos del Renatep muestran que más del 60 por ciento de quienes trabajan en la economía popular son mujeres. A su vez, en la economía popular las mujeres y diversidades hacen, mayoritariamente, trabajos sociocomunitarios, en la rama de cuidados. En los últimos años veníamos avanzado en visibilizar los trabajos de cuidados. Incluso en números: Mercedes D’Alessandro, por ejemplo, midió qué impacto tienen los trabajos de cuidados en el PBI, y resultó que aportan más que el trabajo en el comercio, que es el rubro más numeroso del mundo del trabajo. Pero hoy, con Milei y la ministra Sandra Pettovello, ha habido un retroceso en lo económico y en lo simbólico para las mujeres, y en especial para las de los movimientos populares.

—¿En qué sentido?

—En la lógica de este gobierno, que cree que todo lo arregla el mercado, las mujeres “no servimos”. Estamos siendo afectadas sobre todo por eso, porque hay una decisión del gobierno de no valorizar los trabajos de cuidado.

—¿De qué trabajos concretos hablamos?

-De quienes trabajan en los comedores, en los espacios de cuidado de la primera infancia, en espacios de cuidado de los adultos mayores, en el acompañamiento en la rehabilitación de las personas con adicciones, de las promotoras de género, de las de Salud...

—¿Cómo se ven afectadas?

-En principio, en el reconocimiento de que lo que hacen es un trabajo. Se les dejó de reconocer esto y se las trata como personas a las que se les va a dar asistencia. En segundo lugar, porque el monto del programa quedó congelado en 78 mil pesos. El Potenciar fue reemplazado por dos nuevos programas, el “Volver al Trabajo”, que da la posibilidad de hacer formación y cobrar más, y el “Programa de acompañamiento social” que es de asistencia y queda congelado. Agregaron requisitos: para recibir el programa la persona no puede haber superado el monto de un salario mínimo en el uso de aplicaciones como Mercado Pago y esto es un problema, porque en los sectores populares es muy común que las compañeras que trabajan en un merendero o en un comedor, como segundo trabajo (o tercero) vendan productos en las ferias utilizando estas aplicaciones. También se impone un límite a las mujeres que tienen 4 o más hijos, en el sentido de que sólo podrán acceder al programa de asistencia, es decir que el Estado las manda a quedarse en la casa cuidando a los hijos.

—Con estos cambios, ¿tuvieron que reducir los espacios sociocomunitarios?

-No, no… el trabajo se duplicó, porque si antes había 10 pibes en el comedor o en el espacio de rehabilitación de adicciones, hoy son 20. Los comedores reciben más gente, porque sólo dan de comer sino que dan apoyo escolar para los chicos, cuando no pueden pagar una maestra particular, abrimos potreros para que jueguen a la pelota, en los espacios se hace la fiesta del día del niño, los cumpleaños… el que trabaja en un comedor escucha al que llega, lo acompaña a hacer trámites… El gobierno no tiene idea de esa construcción de comunidad, no la conoce. Y lo que sucede en épocas de crisis económica es que todas esas tareas de cuidado se duplican. Porque al comedor no vienen solamente los trabajadores informales, o el que está en la extrema necesidad, sino que hoy vienen personas que tienen empleo. Acá, por ejemplo, (señala la olla popular de Constitución, donde estamos haciendo la entrevista) hay muchos que salen de trabajar y vienen a buscar comida.

—Entonces, se duplicó el trabajo, pero se redujo el reconocimiento; ¿Y los comedores? ¿Se están desarmando con la decisión de Pettovello de no mandarles alimentos?

- Hacen malabares para seguir funcionando… Muchos han tenido que reducir los días que cocinan, se coordina en cada barrio, un día cocinamos nosotros, otros días da de comer la iglesia, otro los de otra organización. Las redes se organizan para subsistir.

El miércoles 10, cuando la policía reprimió la marcha de los movimientos sociales en reclamo de alimentos para los comedores, la referente de la UTEP fue una de las manifestantes heridas en el operativo. Dos balas de goma le pegaron en una pierna, antes de que lograra refugiarse en un edificio donde los estatales hacían una protesta contra los despidos. Ese día la policía le disparó a la cara a Claudio Astorga, un manifestante que se paró a ayudar a unas señoras que se habían quedado retrasadas en el desbande. “La carga de la policía contra las compañeras fue muy fuerte”, indica ahora; “la policía motorizada, que va con un conductor y un tirador, se metió por las calles, disparando sobre nosotras aunque estuviéramos tratando de desconcentrar”.

Ya desde la primera marcha piquetera realizada contra su gestión, en diciembre, el gobierno mostró que jugaría todos los recursos en atemorizar a los manifestantes de las organizaciones sociales. En aquella marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le puso a su Protocolo antiprotesta un primer ingrediente distópico:  propaló por los altoparlantes de las estaciones de trenes la amenaza de quitar el Potenciar a quienes cortaran la calle.

Desde entonces, la intensidad de los operativos antiprotesta fluctúa según el clima social. Hay semanas que pareció aflojar, pero luego empezaron los disparos con munición de goma a la cara de los manifestantes. El escenario se completa con la baja de planes que, mes a mes, va podando al antiguo programa Potenciar.  

—¿Crecen los movimientos sociales en estos meses de aumento de la pobreza o se reducen por el recorte de los recursos que antes recibían del estado? 

—Yo veo  acumulación, en nuestro caso en cada nueva marcha sumamos. En la de enero a los tribunales, cuando acompañamos a la CGT en la presentación de el amparo contra el DNU, del Evita fuimos 7 mil personas. En la siguiente movilización, del 24 de enero, crecimos. Y siguió aumentando después. Hay acumulación, aunque es para la defensa de lo que tenemos. Otro cambio es que se acercan personas que antes no participaban. Hoy se acumula desde las asambleas vecinales.

—¿Qué temas convocan a esas asambleas?

—Lo alimentario es lo más urgente, pero además está el problema de las tarifas del transporte público, que en el interior es más grave que en el AMBA y afecta al que va a la escuela, al que va a la universidad, a los docentes, a los empleados públicos. También está pasando mucho que vienen a cortar la luz y los vecinos se organizan para que no se la corten. Todas estas cosas hoy están pasando en el territorio.