Semanas atrás, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió en La Plata a los representantes de las cooperativas eléctricas que expusieron sobre la mesa esta situación
Política06/04/2024 Red Noticias Nacionales
Durante el encuentro el gobernador bonaerense, que estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, había deslizado que “las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable”. También adelantó que el gobierno bonaerense asumirá “la responsabilidad de defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial”.
Reunidas en distintas federaciones, en la provincia de Buenos Aires hay 200 cooperativas que brindan servicio de energía eléctrica por fuera de la zona AMBA (donde operan EDENOR y EDESUR) y las ciudades que están bajo la cobertura del Grupo DESA que presta servicio con sus diferentes empresas (EDEA, EDELAP, EDEN y EDES). Las cooperativas eléctricas, por su parte, prestan servicio a más de un 1 millón de usuarios en la provincia de Buenos Aires.
El congelamiento tarifario de años anteriores jugó un papel importante en las deudas que fueron generando las cooperativas. Por ejemplo, según la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, entre 2019 y 2023 se habilitó un 53% de Valor Agregado de Distribución (VAD), que permite afrontar los costos de construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica y también sostener la rentabilidad. Un índice muy por debajo de la inflación acumulada en ése período.
Ante esta situación, en el caso de Buenos Aires, en agosto del 2021 el Gobierno bonaerense generó un mecanismo de subsidio no reembolsable que se implementó a través de un aporte no reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifario.
Ahora, CAMMESA reclama las deudas y busca trabar los fondos de las cooperativas deudoras. Las intimaciones ya llegaron a las cooperativas de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.
Por el caso de Brandsen, Ranchos y también Saladillo, la Defensoría del Pueblo de la provincia presentó una demanda para que tanto CAMMESA como las cooperativas garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio eléctrico. En esa misma presentación se pide que CAMMESA se abstenga de reclamar el pago judicial de la energía suministrada a las cooperativas demandadas, manteniendo el normal y regular despacho de energía.
El contrapunto por la situación de las cooperativas, las deudas que arrastran y la posición del mayorista de hacer el reclamo y embargo de cuentas suma otro frente de tormenta entre el Gobierno nacional y la administración de Kicillof.
Los episodios de los cruces Nación-Buenos Aires son varios en estos más de tres meses del nuevo tiempo político en el país. El gobierno nacional decidió eliminar distintos fondos que impactan también en la gestión bonaerense. El Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte, son los casos más relevantes. En lo particular también eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal; que estaba destinado exclusivamente a Buenos Aires. La Provincia decidió judicializar esa decisión e hizo su reclamo formal ante la Corte Suprema de Justicia.
Las intimaciones de CAMMESA afecta también a empresas prestadoras del servicio en otras provincias y se da en medio de la negociación que el Gobierno nacional intenta encauzar con un grupo de gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para la “reducida” Ley Ómnibus. Como dio cuenta Infobae, aunque hay diferencias con el capítulo fiscal, los gobernadores de la ex coalición de Juntos por el Cambio están dispuestos a colaborar para que Milei tenga su ley de bases.
Hay también posiciones más duras como las que lanzó el santacruceño, Claudio Vidal. “En estas condiciones, no vamos a acompañar (la ley de bases) bajo ningún punto de vista”, dijo días atrás en declaraciones radiales.
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La derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados presagia una corrida política que animará el escenario hasta el 26 de octubre
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En un mundo cada vez más interconectado, el concepto de "economía de la libertad" adquiere un papel central en los debates sobre desarrollo y bienestar social. Este enfoque propone que la verdadera prosperidad se alcanza cuando los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones libres, fomentar iniciativas personales y participar activamente en el mercado. A través de una mirada crítica, esta nota explora cómo políticas económicas que priorizan la libertad individual no solo no promueven el crecimiento económico, sino que también fortalecen crisis adversas para las democracias y no mejoran la calidad de vida, en sociedades diversas. Pero ¿Que pasa Argentina con estos tipos de modelos económicos?
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Por un lado, el Estado nacional, representado por la Procuración, sostiene que el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska es nulo, y como contraparte los supuestos acuerdo de Caputo conllevarian a renunciar la apelación y eso requeriría un decreto presidencial, o del propio ministro de Economía, que quede como prueba documental que la Argentina, pese a considerar injusta la sentencia, elige no litigar más
En el encuentro estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalaqua (Misiones), Alberto Weretineck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Por videoconferencia se conectaron Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes), mientras que enviaron a sus vicegobernadores las provincias de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.
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